Ana Lilia Rivera Rivera
La justicia social debe ser el criterio con el que se midan las decisiones públicas. Al mismo tiempo que la economía crece, sus beneficios deben llegar a la mayoría de la población.
Lo anterior es así porque el desarrollo sólo tiene sentido cuando mejora las condiciones de vida de las personas, reduce las desigualdades y garantiza derechos, sin que el origen social o el lugar de residencia determinen las oportunidades de cada persona. Esta convicción forma parte de los principios de la Cuarta Transformación. Durante décadas, el modelo de desarrollo en México privilegió indicadores económicos sin resolver de fondo las condiciones de pobreza y exclusión que afectaban a millones de familias. Frente a esa realidad, se planteó una forma distinta de entender la responsabilidad del Estado, que es gobernar para el bienestar de la población, con atención prioritaria a quienes más lo necesitan.
De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional del INEGI, en 2024 había 38.5 millones de personas en situación de pobreza en México, equivalentes al 29.6% de la población. Aunque entre 2022 y 2024 esta cifra disminuyó en 8.3 millones de personas, el resultado también muestra que millones de mexicanos siguen enfrentando condiciones que limitan el ejercicio pleno de sus derechos sociales. La reducción de la pobreza es un avance que debe sostenerse, no una razón para dar por concluida la tarea.
La justicia social exige mirar más allá del ingreso. Implica garantizar acceso efectivo a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y la seguridad social. También requiere empleos dignos, salarios suficientes y condiciones para que las comunidades rurales, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad y los sectores históricamente excluidos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
Por eso, la política social no debe entenderse como una concesión del gobierno ni como una ayuda sujeta a voluntades particulares. Los derechos se garantizan y las instituciones tienen la obligación de hacerlos efectivos. Los programas de bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la inversión pública deben formar parte de una estrategia que atienda las necesidades inmediatas de las familias y, al mismo tiempo, contribuya a superar las causas estructurales de la desigualdad.
Este principio también tiene sustento constitucional, pues el artículo 25 establece que corresponde al Estado conducir el desarrollo nacional y procurar una distribución más justa del ingreso y la riqueza. El crecimiento económico, por tanto, no puede separarse de la dignidad humana, el empleo y el bienestar colectivo. La responsabilidad pública consiste en generar condiciones para que el desarrollo beneficie a la sociedad en su conjunto y no se concentre en unos cuantos sectores.
En Tlaxcala, esta convicción debe traducirse en atención a las necesidades concretas de la población. El bienestar se construye con servicios de salud accesibles, escuelas en condiciones adecuadas, oportunidades de empleo, apoyo a las actividades productivas y comunidades con infraestructura suficiente. También demanda escuchar a quienes conocen de primera mano los problemas de sus localidades y dar seguimiento a sus planteamientos.
Desde la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, la responsabilidad es contribuir a que estos principios mantengan su vigencia en la vida pública, mediante el diálogo, la organización y el trabajo cercano a la gente. La unidad que necesita este proceso debe construirse alrededor de objetivos compartidos y del compromiso con las causas que le dieron origen.
Defender la transformación significa mantener firme la convicción de que el poder público tiene una responsabilidad con la mayoría y que ninguna decisión debe perder de vista ese propósito. También significa reconocer que los avances requieren continuidad, evaluación y capacidad para corregir lo que no funciona. La confianza ciudadana se sostiene con resultados, congruencia y rendición de cuentas.
La justicia social no es un objetivo que se alcance de una vez y para siempre. Es una tarea permanente que obliga a revisar prioridades, reducir brechas y garantizar que los derechos reconocidos en la ley se conviertan en realidades cotidianas.
El bienestar de México y Tlaxcala comienza por quienes más lo necesitan. Mantenerlos en el centro de las decisiones públicas es una obligación ética, política y constitucional. Esa es la medida con la que debe juzgarse el desarrollo y el compromiso que debe orientar la transformación del país y del estado.