Ana Lilia Rivera Rivera
El reconocimiento de los pueblos indígenas no debe ni puede quedarse en el discurso. Debe traducirse en derechos, autonomía, recursos públicos y capacidad para decidir sobre su presente y su futuro. Por ello, la ampliación del periodo de consulta de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es una decisión importante, sobre todo porque permite que las comunidades tengan más tiempo para analizar la propuesta y hacer escuchar su voz.
El pasado 12 de octubre, durante el Día de la Resistencia Indígena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el plazo de consulta se extenderá a petición de representantes de los propios pueblos. La decisión tiene el sentido de que una ley que pretende reconocer derechos colectivos debe construirse con sus destinatarios, no al margen de ellos.
Hay una diferencia entre hablar en nombre de los pueblos indígenas y reconocerles el derecho a decidir. La consulta debe servir para que sus propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta antes de que la iniciativa llegue al Congreso de la Unión. No se trata de cumplir un requisito administrativo, sino de respetar a comunidades que durante generaciones han defendido su identidad, su territorio, sus lenguas y sus formas de organización.
La propuesta busca avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, fortalecer su autonomía y establecer garantías para el ejercicio de sus derechos. También plantea dar sustento legal a los recursos destinados a obras y servicios en sus comunidades. Estos aspectos son fundamentales porque los derechos necesitan condiciones materiales para hacerse efectivos.
Reconocer la autonomía implica respetar la capacidad de las comunidades para definir sus prioridades. Y garantizar recursos supone que ese reconocimiento no dependa de la voluntad de una autoridad ni de decisiones administrativas que puedan cambiar de un año a otro. La justicia para los pueblos originarios requiere instituciones que cumplan sus obligaciones y presupuestos que respondan a sus necesidades.
En este proceso hay que reconocer la disposición del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la consulta y escuchar las propuestas de las comunidades. La decisión abre una oportunidad para mejorar la iniciativa y fortalecer su legitimidad. El paso siguiente será asegurar que las voces recogidas durante este ejercicio se reflejen en el contenido de la ley y que los derechos reconocidos puedan ejercerse plenamente.
Esta discusión tiene una importancia directa para Tlaxcala. Nuestro estado tiene una historia y una identidad profundamente vinculadas con sus pueblos originarios. Comunidades nahuas de municipios como San Pablo del Monte, Contla de Juan Cuamatzi, Teolocholco, Chiautempan e Ixtenco, donde se conserva la lengua otomí, mantienen conocimientos, prácticas comunitarias y formas de organización que son parte de nuestro patrimonio vivo.
Sin embargo, preservar esa herencia no puede ser responsabilidad exclusiva de las propias comunidades. También corresponde a las instituciones públicas garantizar condiciones para que sus lenguas se transmitan, sus expresiones culturales tengan continuidad y sus habitantes accedan a servicios, infraestructura y oportunidades sin tener que renunciar a su identidad.
En Tlaxcala debemos preguntarnos si las decisiones públicas incorporan realmente la voz de las comunidades indígenas; las consultas se realizan de manera que permitan una participación informada y efectiva; y si los presupuestos destinados a atender sus necesidades son suficientes, transparentes y acordes con sus prioridades.
También debemos reconocer que una lengua no se conserva únicamente con actos conmemorativos. Se conserva cuando las nuevas generaciones pueden aprenderla y utilizarla, cuando sus hablantes son atendidos sin discriminación, cuando sus conocimientos son respetados y cuando las instituciones dejan de considerar las diferencias culturales como un obstáculo.
La discusión de esta ley representa una oportunidad para avanzar en esa dirección. Tlaxcala debe participar en este proceso con seriedad, escuchar a sus comunidades y contribuir a que el reconocimiento constitucional y legal de los pueblos indígenas se traduzca en mejores condiciones de vida.
El Día de la Resistencia Indígena nos recuerda que los pueblos originarios no son parte de un pasado que deba celebrarse de vez en cuando. Son comunidades vivas, con derechos, necesidades y propuestas para construir el país.
Por eso, la ampliación de la consulta es un paso que debe valorarse, pero también debe acompañarse de resultados. La palabra de los pueblos tiene que influir en las decisiones públicas, y sus derechos deben estar respaldados por la ley, las instituciones y los recursos necesarios para hacerlos realidad.
En una transformación que se propone colocar al pueblo en el centro de la vida pública, escuchar a los pueblos indígenas no es una concesión. Es una obligación democrática y una condición indispensable para construir un país más justo.