El Gobierno de México proyecta alcanzar 99.99 por ciento de electrificación nacional hacia 2028, con más de 45 mil obras y una inversión superior a 21 mil millones de pesos para llevar energía a las comunidades que aún carecen del servicio
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que garantizar el acceso a la energía eléctrica forma parte de la política de justicia social de su gobierno, junto con acciones encaminadas a ampliar derechos como la vivienda y la salud.
Informó que el Programa de Justicia Energética tiene como objetivo llevar el servicio eléctrico prácticamente a todo el territorio nacional hacia 2028, mediante la ejecución de más de 45 mil obras y una inversión estimada de 21 mil 377 millones de pesos.
La mandataria federal señaló que actualmente México cuenta con una cobertura eléctrica del 98.5 por ciento, pero existen comunidades pequeñas y alejadas que aún no tienen acceso a este servicio, por lo que se determinó atenderlas durante el presente sexenio.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que la actual administración reconoce el acceso a la energía como un derecho fundamental, por lo que se impulsan acciones para alcanzar una cobertura cercana al cien por ciento de los hogares mexicanos.
En su intervención, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, afirmó que la justicia energética representa desarrollo, igualdad territorial y la capacidad del Estado para garantizar bienestar en las regiones donde más se requiere.
Detalló que el programa contempla atender a 8 mil 247 localidades que permanecen pendientes de electrificación, mediante un esquema gradual que prioriza a las comunidades con mayores necesidades.
Calleja Alor informó que, desde el inicio de la administración de la Presidenta Sheinbaum, se han realizado 17 mil 16 obras de electrificación, como parte del esfuerzo para ampliar la infraestructura eléctrica del país.
Asimismo, explicó que durante 2026 se fortalecerán acciones específicas en distintas regiones mediante planes de justicia social, entre ellos los dirigidos a pueblos originarios y comunidades con rezagos históricos. Estos proyectos contemplan inversiones para nuevas obras eléctricas que beneficiarán a miles de habitantes en entidades como Sonora, Baja California, Michoacán y Chihuahua.
La funcionaria federal subrayó que llevar electricidad a las comunidades más apartadas no sólo significa ampliar un servicio básico, sino generar mejores condiciones para el desarrollo, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las familias mexicanas.