Ana Lilia Rivera Rivera
En México, hablar del derecho a la salud ha sido, durante décadas, una aspiración legítima que no siempre se ha traducido en acceso real. Las diferencias entre instituciones, los obstáculos administrativos y la fragmentación del sistema han sido barreras que millones de personas han tenido que sortear en momentos de vulnerabilidad. Por ello, la creación del Servicio Universal de Salud representa un paso que merece ser analizado con seriedad, pero también con esperanza.
El anuncio del nuevo modelo, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea algo fundamental: que ninguna persona sea rechazada en una institución pública por no ser derechohabiente de la misma. Este principio, que parece sencillo, implica en realidad una transformación profunda del sistema, pues coloca en el centro a las personas y no a la burocracia.
La posibilidad de que una mexicana o un mexicano pueda atenderse en el IMSS, el ISSSTE o el IMSS-Bienestar, sin distinción, no solo busca ampliar la cobertura, sino también hacer más eficiente el uso de los recursos existentes. En un país con grandes desigualdades territoriales, donde hay regiones con infraestructura subutilizada y otras con alta demanda, este enfoque puede marcar una diferencia sustantiva.
Sin embargo, también es necesario reconocer que este tipo de reformas exige una implementación cuidadosa. La interoperabilidad de los sistemas, la capacitación del personal, la suficiencia de insumos y medicamentos, así como la coordinación entre instituciones, serán factores determinantes para que esta política no se quede en el papel. La credencialización anunciada es un primer paso importante, pero no el único.
Otro elemento relevante es la incorporación de herramientas digitales. La construcción de expedientes clínicos electrónicos, el acceso a información en tiempo real y la posibilidad de gestionar citas o consultas a distancia son avances que, bien utilizados, pueden acercar los servicios de salud a la población y reducir tiempos de espera. No obstante, también implican el reto de garantizar conectividad y accesibilidad, especialmente en comunidades rurales.
Desde una perspectiva social, este modelo responde a un principio básico: la salud no debe depender del tipo de empleo, del lugar de residencia o de la condición económica. Es un derecho humano que el Estado está obligado a garantizar con equidad. En ese sentido, avanzar hacia un sistema universal no solo es una decisión técnica, sino también una definición ética.
A nivel estatal, entidades como Tlaxcala enfrentan retos particulares en materia de acceso a servicios médicos, especialmente en comunidades con menor infraestructura o con dificultades de traslado. En este contexto, un sistema verdaderamente universal puede significar que más personas reciban atención oportuna sin tener que desplazarse largas distancias o enfrentar trámites que retrasen su atención. La coordinación entre instituciones puede traducirse en soluciones concretas para miles de familias.
Asimismo, este nuevo enfoque abre la posibilidad de fortalecer la red de atención primaria, que es el primer contacto de la población con el sistema de salud. Apostar por la prevención, la detección temprana y el seguimiento continuo no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también reduce la presión sobre hospitales y servicios especializados, haciendo más sostenible el sistema en el largo plazo.
Como país, hemos aprendido que las grandes transformaciones no ocurren de un día para otro. Requieren voluntad política, seguimiento constante y, sobre todo, la participación de la ciudadanía. Este nuevo esquema de salud deberá construirse con transparencia, evaluarse con rigor y corregirse cuando sea necesario.
Hoy estamos frente a una oportunidad. Si se hace bien, este modelo puede convertirse en uno de los pilares de un México más justo, donde la atención médica deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho efectivo para todas y todos.